Si Brasil aún no ha tenido una generación con pleno acceso al saneamiento básico universal, el déficit de servicios no afecta a todos por igual. La falta de agua y alcantarillado tratados tiene un sesgo regional, social y etario, afirmó la presidenta ejecutiva del Instituto Trata Brasil, Luana Pretto, en el segundo día del Foro Iberoamericano de Regulación (FIAR 2024). Según el estudio “Futuro en riesgo: los impactos de la falta de saneamiento para mujeres embarazadas, niños y adolescentes”, publicado recientemente por el Instituto, la falta de agua y alcantarillado tratados perjudica especialmente la salud y el desarrollo de los jóvenes y niños que negros, mestizos e indígenas, además de residentes de la región Norte, donde hay más hospitalizaciones relacionadas con la falta de saneamiento en el país.
“Los avances en saneamiento son esenciales para garantizar un futuro más igualitario y saludable, reduciendo las desigualdades y promoviendo la calidad de vida de las próximas generaciones”, dijo Luana Pretto, durante el panel FIAR sobre la universalización de los servicios de saneamiento. El Nuevo Marco Legal del sector fijó objetivos para que el 90% de la población brasileña esté cubierta por servicios de saneamiento. Sin embargo, el 10% que quedará desatendido son los que más preocupan al secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Servicios Municipales de Saneamiento (Assemae), Francisco Lopes. El principal desafío del sector es llevar servicios de agua y alcantarillado a regiones aisladas y periféricas. Según Lopes, varias ciudades, como Rondonópolis/MT, que ya logró la universalización, además de Uberlândia/MG, y São José do Rio Preto/SP, demuestran que el Estado es capaz de prestar el servicio de manera eficiente, a través de una empresa saneamiento municipal.







Chile tomó otro camino para lograr el saneamiento universal. El analista de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile (SISS), Rodrigo Farias, informó que en su país el saneamiento es prestado mayoritariamente por operadores privados, quienes poseen el 73% de las operaciones, frente al 23% de operadores privados de propiedad pública y solo el 4% de las operaciones. % , servicios municipales. Desde 2023, Chile ha atendido al 99,94% de la población con agua potable y al 100% con tratamiento de aguas residuales en zonas urbanas, consolidándose como un referente regional en gestión y calidad del saneamiento. Actualmente la SISS se dedica a realizar cuestionarios periódicos para evaluar constantemente la percepción de los usuarios respecto a la calidad de los servicios prestados.
Para algún día poder universalizar los servicios y alcanzar las metas de universalización previstas en la ley, el estado de Goiás adoptó la regionalización del saneamiento, según la representante de la Secretaría de Infraestructura de Goiás en la FIAR, Eliane Simonini Baltazar. La estrategia del estado promueve la gestión integrada, optimiza recursos, mejora la eficiencia operativa y facilita la compartición de infraestructura entre municipios, reduciendo costos y ampliando la cobertura de servicios. Los 246 municipios del estado están organizados en tres microrregiones, lo que permite implementar subsidios cruzados, reducir tarifas y fomentar innovaciones sostenibles. El modelo regulatorio estatal integra tres agencias municipales y una estatal, con acciones conjuntas encaminadas a garantizar la eficiencia, respetar las competencias y proteger los intereses de los ciudadanos.
Para el presidente del Ente Regulador de Recursos Hídricos y Saneamiento (ERAS) y de la Asociación Federal de Entidades Reguladoras de Recursos Hídricos y Saneamiento (AFERAS), el argentino Walter Méndez, el modelo regulatorio deja de ser puramente técnico y se vuelve más incluyente, priorizando la seguridad hídrica, la innovación e instituciones fortalecidas. Los servicios de saneamiento dependen, según Méndez, de la sostenibilidad política, los programas sociales y la gestión participativa, integrando análisis socioculturales. Méndez reforzó que una gobernanza eficiente requiere coordinación interjurisdiccional, tarifas adecuadas y planificación integrada.